Colombia mantiene el aumento del salario mínimo en 23,7% pese al freno judicial del Consejo de Estado

Gobierno, empresarios y sindicatos se unen en una postura inédita mientras la disputa legal sigue abierta

El 2026 inició con una cifra sin precedentes en la economía colombiana. Mediante los Decretos 1469 y 1470, el Gobierno de Gustavo Petro fijó el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente en $1.750.905, que sumado al auxilio de transporte de $249.095, totaliza una remuneración de $2.000.000. Este ajuste representó un salto del 23% frente a 2025, justificado bajo el concepto de "salario vital", con registros similares que datan de la década de los años noventa. Sin embargo, el inicio del año también trajo consigo una batalla jurídica que amenazó con revertir ese histórico incremento antes de que los trabajadores pudieran sentir plenamente sus efectos.

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno de Gustavo Petro que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia. Los demandantes argumentaron que el aumento se fijó utilizando el concepto de "salario vital" basado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales no tienen carácter vinculante en Colombia. En la providencia, el alto tribunal ordenó al Gobierno que, dentro de los ocho días siguientes a la notificación, expida y publique un nuevo decreto en el que fije un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal y determine su valor total para la vigencia 2026, debiendo aplicar integralmente los criterios económicos y constitucionales previstos en la Ley 278 de 1996. El nuevo valor que se establezca tendrá carácter provisional y regirá mientras se profiere una sentencia definitiva dentro del proceso.

La reacción del Gobierno fue inmediata. El presidente Gustavo Petro anunció que expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo de 2026. "El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución y seguirá sus mandatos", afirmó el mandatario, y enfatizó que el nuevo decreto seguirá los lineamientos constitucionales y mantendrá la orientación del salario vital. Petro descartó además que el aumento salarial sea un factor determinante en la inflación y señaló que pedirá clarificaciones al magistrado ponente Juan Carlos Morales sobre el alcance del fallo, en particular sobre la ausencia de la frase "de carácter prevalente" en el auto. El presidente también ordenó a las empresas que pagaran completa la quincena de febrero con la cifra vigente del salario mínimo vital, buscando proteger los ingresos de los trabajadores mientras se resuelve la situación jurídica.

La reunión de concertación se realizó el lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana, liderada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. El ministro Sanguino fue claro sobre la postura oficial: "El Gobierno va a defender el salario vital", argumentando que la decisión responde a la necesidad de proteger el poder adquisitivo y garantizar el cumplimiento de derechos laborales fundamentales. Señaló que entre los empresarios existe una opinión mayoritaria en favor de mantener el porcentaje, y que en igual sentido se pronunciaron las centrales sindicales. "Así que podemos decir que de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23,7%", afirmó.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, interpretó el proceso como una apuesta por una mayor equidad y justicia social, y explicó que el salario vital constituye un derecho adquirido, lo que refleja la confluencia de voluntades entre trabajadores, Gobierno y sindicatos en pos de reducir las desigualdades en Colombia. Los funcionarios aclararon que la posición oficial se fundamentará de manera estricta en el concepto de salario mínimo vital y móvil, sin emplear otras expresiones ajenas al marco constitucional de Colombia. Entre los factores técnicos que entrarán en la discusión figuran la meta de inflación proyectada por el Banco de la República para 2026 del 3%, la productividad certificada por el DANE, la participación de los salarios en el ingreso nacional en 2025 y el comportamiento del PIB, que creció 2,6% según el DANE.

No obstante, la unanimidad no fue total. Sectores como Fenalco demandaron el decreto original argumentando que los criterios usados por el Gobierno no tienen carácter vinculante en Colombia. Economistas y analistas advirtieron que el fallo añade un elemento adicional de incertidumbre que podría traducirse en menores incentivos a la contratación formal y en una mayor dispersión en las expectativas de inflación. Desde sectores empresariales también se han señalado riesgos para el empleo formal si el aumento se mantiene en los términos actuales.

En paralelo al debate jurídico, el Gobierno abrió un frente político y social. El presidente Petro convocó a movilizaciones en plazas públicas para el jueves 19 de febrero en defensa del salario mínimo móvil, un mecanismo que busca reemplazar el actual esquema de actualización anual, permitiendo que la remuneración se ajuste de manera dinámica en respuesta a los cambios en la economía. El mecanismo propuesto contempla dos características centrales: la posibilidad de revisar el salario por decreto cuando cambien las condiciones macroeconómicas y el ajuste automático si el costo de la canasta familiar sube, con el objetivo de evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. Petro señaló que si se quisiera cerrar completamente la brecha de ingresos, el salario mínimo vital debería ser de $2.155.000 pesos mensuales.

En términos prácticos, el salario mínimo de 2026 se mantiene en la cifra fijada inicialmente mientras el Gobierno expide el nuevo decreto transitorio. El Consejo de Estado no ordenó revertir los pagos realizados ni modificar de inmediato los valores liquidados, sino establecer una regla provisional mientras se decide de fondo la demanda. La sentencia definitiva del alto tribunal será la que determine finalmente la validez o nulidad del incremento adoptado, y su resolución podría sentar precedentes históricos sobre cómo Colombia fija el salario mínimo en el futuro, en un año de alta sensibilidad política y económica.