Constituyente y proyectos clave: la agenda que definirá el cierre del gobierno Petro

El Gobierno inscribió el comité promotor de la Asamblea Constituyente mientras el Congreso se prepara para debatir proyectos estratégicos en los últimos meses del mandato presidencial, en medio de un año electoral que marca el pulso político.

En una movida que reactivó la polémica política, el gobierno de Gustavo Petro inscribió este viernes ante la Registraduría Nacional el comité promotor de una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que el mandatario viene impulsando desde 2023 pero que había presentado como de iniciativa popular. El documento de 36 páginas al que accedió El Colombiano plantea cambios estructurales radicales que expertos califican como "arrasar con todo".

El proyecto propone transformar el modelo económico del país, quitarle autonomía al Banco de la República y crear un Tribunal Constitucional independiente de la Corte Constitucional. Según el texto, estas medidas son necesarias debido al supuesto "bloqueo institucional y las omisiones legislativas" que han limitado las reformas sociales del Gobierno.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien lideró el trámite, destacó que con este mecanismo se busca lograr lo que el Gobierno no ha podido conseguir mediante sus reformas, faltando apenas ocho meses para el fin del mandato presidencial.

La Registraduría tiene ocho días hábiles para verificar si el comité cumple los requisitos legales. De aprobarse, el documento pasaría al Congreso para que autorice la consulta popular, pero este trámite solo llegaría al Legislativo el 20 de julio de 2026, cuando ya haya un nuevo gobierno.

La propuesta contempla una pregunta única sobre si se aprueba o no la convocatoria de una Asamblea Constituyente de 125 personas, que se realizaría entre dos y seis meses después de la aprobación legal. Para ser válida, requeriría el voto afirmativo de al menos 13 millones de colombianos, aproximadamente una tercera parte del censo electoral.

La iniciativa pone en evidencia una contradicción histórica del presidente Petro. En 2018, cuando era candidato, prometió sobre mármol que no impulsaría una constituyente en caso de llegar a la Presidencia. Sin embargo, este viernes reafirmó su posición: "Se respetará la Constitución de 1991. Es el pueblo el que decide, el nuevo Congreso está en sus manos".

El constitucionalista Juan Carlos Galindo señaló que "los tiempos no le dan al Gobierno. La insistencia sería netamente política: para distraer de los escándalos y como campaña política pensando en 2026". Por su parte, el jurista Mauricio Gaona fue contundente: "Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que quiere, al que hay que cambiar es al presidente, no la Constitución".

Mientras avanza la propuesta de constituyente, el Congreso tiene pendiente una serie de proyectos clave que definirán la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en los últimos meses del gobierno Petro.

El proyecto más urgente es el que busca salvar al Ministerio de Igualdad de Juan Carlos Florián, tras el fallo de la Corte Constitucional que encontró vicios de trámite. La cartera tiene hasta el 20 de junio para obtener la aprobación del Congreso. Las Comisiones Primeras conjuntas ya dieron luz verde para debatir la ponencia positiva, salvándolo del archivo este año, aunque enfrenta críticas por baja ejecución y denuncias internas.

Otro proyecto estancado es la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, que pasó hace más de un año por las comisiones, pero no ha logrado votación en ninguna cámara, a pesar de los consensos alcanzados entre el Gobierno y las bancadas.

La ley de sometimiento, radicada el pasado 20 de julio en la Comisión Primera de la Cámara, tampoco ha avanzado. La ponencia positiva, que incluía retención de hasta el 12% de los bienes obtenidos ilegalmente y rebajas de penas de hasta el 60% para integrantes de grupos armados, recibió duras críticas por los beneficios que otorgaría a líderes criminales y nunca fue discutida en comisión.

Los debates de control político tomarán mayor protagonismo en 2026. La emergencia económica declarada por Petro ya generó convocatoria para este lunes 29 de diciembre, cuando todos los ministros deberán responder ante el Congreso por esta decisión.

La legislatura 2024-2025 registró una reducción en citaciones de control político, pero la sesión sobre la emergencia económica marca un posible cambio en la supervisión que ejercerá el Capitolio durante el año electoral.

Además de estos temas, el Congreso deberá debatir la reforma a los servicios públicos y la ley minera, entre otros proyectos que quedaron pendientes.

Expertos coinciden en que la insistencia del Gobierno en la constituyente tiene dos objetivos políticos. Primero, utilizarla como plataforma electoral para los candidatos del Pacto Histórico tanto al Congreso como a la Presidencia. Segundo, servir de distractor en momentos críticos marcados por baja ejecución presupuestal, escándalos en diversos sectores, aumento del endeudamiento y la polémica por la declaratoria de emergencia.

La propuesta carece de raíces en la ciudadanía y surge directamente del Ejecutivo, en un contexto totalmente distinto al de 1991, cuando una verdadera movilización social respaldó la convocatoria de la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución vigente.

Con el calendario electoral en marcha y las elecciones legislativas y presidenciales a pocos meses, 2026 se perfila como un año de definiciones políticas donde la relación entre el Gobierno y el Congreso estará marcada por proyectos estratégicos, debates de control político y la sombra de una constituyente que muchos califican de inviable.