Gobernación de Antioquia solicita autorización urgente para erradicar cultivos de coca con drones en zonas críticas del departamento

El mandatario Andrés Julián Rendón pidió al Ministerio de Justicia iniciar aspersión terrestre mediante tecnología doselar en nueve municipios donde los cultivos ilícitos se multiplicaron por más de 20 en una década

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó formalmente al Ministerio de Justicia y del Derecho la autorización inmediata para implementar la erradicación focalizada de cultivos ilícitos mediante el uso de drones con aspersión terrestre en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste del departamento, zonas que han experimentado un crecimiento exponencial de sembradíos de coca en la última década.

Una carta que evidencia una crisis

A través de una comunicación oficial enviada el 20 de enero al ministro Andrés Idárraga, en su condición de presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, el gobernador fundamentó su petición en la reciente disposición del Gobierno Nacional que permite este tipo de aspersión en territorios donde grupos armados ilegales obligan a los campesinos a cultivar hoja de coca.

"Esta tarea que es urgente en la lucha contra el narcotráfico, se trata de rentas ilegales que son oxígeno para criminales de distinto pelambre y que son causantes de violencia, desplazamiento, confinamientos y homicidios", señaló Rendón en su misiva, subrayando la gravedad de la situación que atraviesa el departamento.

Explosión de cultivos: de 911 a casi 19.000 hectáreas

La Gobernación presentó un diagnóstico alarmante que revela el dramático crecimiento de los cultivos ilícitos en Antioquia. Según los datos oficiales incluidos en el documento, el departamento pasó de tener apenas 911 hectáreas reportadas en 2013 a registrar más de 18.785 hectáreas en 2023, lo que representa una multiplicación de más de veinte veces en tan solo una década.

Este crecimiento sostenido, que se aceleró notablemente a partir de 2020 y se intensificó desde 2022, ha consolidado a Antioquia como una de las zonas críticas del país en materia de narcotráfico, con implicaciones directas en la seguridad ciudadana y el control territorial.

Nueve municipios priorizados para la intervención

La solicitud de la Gobernación identifica un corredor estratégico donde se concentra la mayor densidad de cultivos ilícitos y donde operan diversos grupos armados organizados. Los municipios priorizados para la erradicación focalizada son:

•  Valdivia
• Tarazá
• Cáceres
• Anorí
• Ituango
• El Bagre
• Zaragoza
• Briceño
• Campamento

Estas zonas, ubicadas principalmente en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, presentan corredores estratégicos claramente definidos que son controlados por estructuras criminales que han encontrado en los cultivos de coca su principal fuente de financiación.

Aspersión terrestre con drones: una alternativa tecnológica

El gobernador Rendón solicitó específicamente que se autorice la aspersión terrestre mediante el sistema "doselar" con drones, una tecnología que permite la aplicación focalizada de herbicidas directamente sobre los cultivos ilícitos sin recurrir a la fumigación aérea con avionetas, método que fue suspendido hace años por sus impactos ambientales y en la salud.

"Solicitamos formalmente que se autorice y se disponga de todo lo necesario para proceder a la erradicación focalizada mediante aspersión terrestre doselar con drones", se lee en el documento, donde el mandatario también exigió conocer los protocolos de ejecución o, en su defecto, las razones de una eventual negativa por parte del Gobierno central.

La administración departamental expresó además su disposición de acompañar el proceso de implementación, señalando que esta alternativa tecnológica se ha vuelto necesaria en zonas donde la erradicación manual resulta inviable debido a la presencia y control de grupos armados.

Contexto nacional: crisis en la erradicación

La solicitud de Antioquia se enmarca en un panorama nacional crítico en materia de lucha contra los cultivos ilícitos. Colombia cerró 2025 con uno de los registros más bajos de erradicación manual en la última década: apenas 8.051 hectáreas eliminadas, lo que representó una disminución del 14% frente a 2024 y un desplome dramático si se compara con las 130.000 hectáreas erradicadas en 2020.

Esta caída en las cifras de erradicación ha generado tensiones diplomáticas, particularmente con Estados Unidos, que ha advertido sobre el riesgo de descertificar a Colombia debido a la expansión de los cultivos. Informes recientes indican que la producción potencial de cocaína aumentó más del 50%, a pesar de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha defendido su política centrada en la interdicción y la "asfixia" financiera de las estructuras criminales.

El debate sobre la sustitución de cultivos

Expertos en política de drogas han señalado que la falta de una estrategia de seguridad que acompañe los programas de sustitución voluntaria de cultivos ha permitido que los grupos criminales fortalezcan su control territorial, dificultando la implementación de iniciativas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Ana María Rueda, experta en políticas de drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), ha cuestionado la viabilidad de la sustitución sin garantías de seguridad: "Sin seguridad en los territorios, ¿cómo van a hacer sustitución?", planteó la especialista, señalando uno de los principales obstáculos que enfrenta la estrategia gubernamental.

Antecedentes: regreso de la aspersión terrestre

La petición de Antioquia coincide con movimientos recientes en otras regiones del país. Recientemente, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía notificó el inicio del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (PECAT) en municipios como Argelia, Cauca.

Esta modalidad, que cuenta con aval ambiental, permite la aplicación de herbicidas directamente en tierra, diferenciándose de la polémica fumigación aérea con glifosato que fue suspendida años atrás tras cuestionamientos sobre sus impactos en la salud humana y el medio ambiente.

Rentas criminales y violencia territorial

El gobernador Rendón enfatizó en su carta que las rentas ilegales derivadas del narcotráfico constituyen "oxígeno para criminales de distinto pelambre" que son directamente responsables de la violencia, los desplazamientos forzados, los confinamientos de comunidades y los homicidios que afectan al departamento.

Esta caracterización subraya la conexión directa entre los cultivos ilícitos y la degradación de la seguridad en las zonas rurales de Antioquia, donde diversas estructuras armadas—desde disidencias de las FARC hasta grupos de delincuencia organizada—se disputan el control de las economías ilegales.

Expectativas y próximos pasos

La Gobernación de Antioquia espera una respuesta pronta del Ministerio de Justicia sobre su solicitud, que de ser aprobada podría marcar un precedente en el uso de tecnología de drones para la erradicación focalizada de cultivos ilícitos en el país.

El gobernador exigió transparencia en el proceso, solicitando conocer los protocolos de implementación que se aplicarían o, en caso de una negativa, las razones que fundamentarían tal decisión por parte del Gobierno Nacional.

Mientras tanto, las comunidades de los nueve municipios priorizados continúan viviendo bajo la presión de las economías ilegales y la presencia de grupos armados, en una situación que demanda respuestas urgentes y efectivas que combinen seguridad, desarrollo alternativo y presencia estatal integral.