Antioquia concentra 6 de las 22 masacres de Colombia en lo que va de 2026

El departamento de Antioquia se ha convertido en el epicentro de la violencia en Colombia durante los primeros meses de 2026. El departamento registra 19 víctimas en homicidios múltiples en lo corrido del año, tras seis hechos violentos masivos reportados entre enero y febrero, lo que encendió las alertas de las autoridades departamentales. La cifra resulta especialmente alarmante si se tiene en cuenta que Antioquia concentra seis de las 22 masacres registradas en todo el territorio nacional en el mismo período, según fuentes oficiales.

Cinco de los casos corresponden a triples homicidios ocurridos en municipios como Abejorral, Tarso, Titiribí, Yondó y Segovia, mientras que el primer hecho del año dejó cuatro personas asesinadas en los límites entre Amalfi y Remedios. Este último episodio fue atribuido al Clan del Golfo: desde el 4 de enero se conoció la retención de varias personas en esa zona limítrofe, presuntamente por integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo. Días después, las autoridades hallaron los cuerpos de cuatro personas en distintos puntos de la región, tres de ellas pertenecientes a una misma familia.

Uno de los hechos más recientes y perturbadores ocurrió en Segovia. Tres miembros de una misma familia murieron tras la explosión de un artefacto que habría sido lanzado desde un dron. Este método de ataque, inédito en la región, elevó la preocupación de las autoridades sobre el nivel de sofisticación que están alcanzando los grupos armados. Ante la escalada, se anunció la llegada de 100 soldados a Segovia para fortalecer la seguridad en la zona.

En Titiribí, otro de los municipios golpeados, las investigaciones revelaron que la masacre habría sido producto de una retaliación entre estructuras criminales. Una confrontación entre las bandas San Pablo y La Miel sería la causa de la masacre registrada en la vía de acceso al municipio. Entre las víctimas se encontraría el hermano menor de Santiago Caro Ángel, alias Tony, presunto cabecilla de la banda San Pablo, quien se encuentra detenido en la cárcel La Paz de Itagüí.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, señaló que la situación refleja el incremento de la conflictividad y la injerencia de estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias. El funcionario no ocultó la gravedad del momento: "La situación es tan compleja que requiere soluciones integrales. Mire dónde escalamos ya, esto sí amerita toda la atención, no solo del gobierno departamental, sino del gobierno nacional."

Los datos comparativos revelan una tendencia que preocupa profundamente. En menos de dos meses se han contabilizado seis hechos violentos de carácter masivo, una cifra superior a la de años anteriores: en 2025 se reportó un solo caso en el mismo período, en 2024 no hubo registros y en 2023 se contabilizaron cuatro episodios de este tipo. Este deterioro acelerado del orden público coincide con un contexto nacional también convulsionado: enero de 2026 se convirtió en el mes con más masacres registradas desde 2023, con un saldo equivalente, en promedio, a una muerte cada 12 horas.

Para el promotor de paz Carlos Velandia, las masacres no son hechos sin propósito: "Las masacres tienen un objetivo claro: aterrorizar, desplazar comunidades y facilitar el control territorial", afirma, señalando que los actuales grupos armados operan como "señores de la guerra sin ideología", motivados principalmente por el lucro y el dominio local.

Las autoridades departamentales consideran que estos hechos violentos están asociados a disputas territoriales y economías ilícitas en distintas subregiones, especialmente en áreas rurales donde históricamente ha habido presencia de grupos armados. El panorama histórico no es alentador: la región de Colombia que más ha sido afectada por las masacres es históricamente el departamento de Antioquia.

Mientras tanto, las comunidades rurales siguen atrapadas en medio del fuego cruzado, bajo un control armado que se expresa a través de amenazas, homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, extorsiones y, en algunos territorios, el reclutamiento de menores, según advierte la Defensoría del Pueblo. Organizaciones de derechos humanos y veedurías han elevado un llamado urgente al Gobierno Nacional para que atienda de forma estructural una problemática que, de no intervenirse, amenaza con consolidarse como la peor crisis de seguridad del departamento en años recientes.