De defendido a denunciante David Murcia Guzmán presenta queja disciplinaria contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella

Antecedentes: quién es David Murcia Guzmán y qué fue DMG

Para entender el alcance de la denuncia disciplinaria presentada este miércoles, es necesario remontarse a uno de los escándalos financieros más grandes de la historia reciente de Colombia. David Eduardo Helmut Murcia Guzmán fue el creador y principal directivo de DMG Grupo Holding S.A., un esquema de captación masiva e ilegal de dinero que operó principalmente entre 2007 y 2008 bajo la fachada de una comercializadora de bienes mediante tarjetas prepago. La empresa prometía ganancias desproporcionadas a sus clientes y captó recursos de cerca de 200.000 personas en todo el país, la gran mayoría de las cuales nunca fue reparada económicamente.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, DMG no solo captó ilegalmente recursos del público, sino que fue utilizada como plataforma para lavar dinero de origen ilícito. La empresa también tuvo presuntos nexos con la firma Cambios y Capitales S.A., incluida en la Lista Clinton de las autoridades estadounidenses por sus vínculos con el narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias 'Chupeta'. Murcia Guzmán fue finalmente condenado a 22 años y 10 meses de prisión por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero. A la fecha de esta publicación lleva 16 años privado de la libertad y se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

El papel de Abelardo de la Espriella en el caso DMG

Cuando estalló el escándalo de DMG en 2008, Abelardo de la Espriella fue el abogado que asumió públicamente la defensa de David Murcia Guzmán. En ese entonces, De la Espriella realizó varias ruedas de prensa en las que defendió la legalidad de las actividades de DMG, presentándola como una comercializadora legítima. Incluso llegó a presentar ante la opinión pública a dos ciudadanos extranjeros que, según argumentó, eran importantes empresarios interesados en comprar franquicias de DMG para consolidar su expansión internacional.

Sin embargo, la relación entre abogado y cliente tuvo un quiebre abrupto y público. Según los registros de la época, De la Espriella renunció a la defensa después de que en las audiencias se revelaron grabaciones comprometedoras y de que la Fiscalía exhibiera una serie de pruebas contundentes contra Murcia Guzmán. El entonces abogado justificó su retiro argumentando que los directivos de DMG no le habían dicho la verdad en asuntos contables, que su cliente había viajado hacia el norte de Panamá en lugar de entregarse cuando él se lo pidió, y que la forma en que Murcia se había referido al presidente Álvaro Uribe resultaba inapropiada. En el programa televisivo Pregunta Yamid, De la Espriella explicó que renunció por tres razones: porque su cliente no se entregó cuando él se lo indicó, porque en la rueda de prensa no le dieron información precisa sobre uno de los socios de Murcia a quien él mismo presentó como empresario serio, y por la forma en que Murcia se dirigió al entonces presidente de la República.

La queja disciplinaria: de qué acusa Murcia Guzmán a De la Espriella

El pasado 19 de enero, David Eduardo Helmut Murcia Guzmán interpuso una queja ante el Consejo Seccional de la Judicatura por presunta violación grave a los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza. La noticia fue revelada públicamente este miércoles 11 de febrero a través del periodista Daniel Coronell en el Reporte Coronell de Caracol Radio, y confirmada por Sondra Macollins, actual representante legal de Murcia Guzmán.

En el documento de cinco páginas que reposa en el Consejo Seccional de la Judicatura en Bogotá se cita una "violación grave a los deberes profesionales, lealtad, diligencia, ética y confianza" por parte del abogado que representó a Murcia en la parte inicial de su proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La queja fue asignada por reparto al magistrado Martín Leonardo Suárez Varón para su estudio. El documento enumera al menos cinco faltas disciplinarias concretas en las que habría incurrido De la Espriella, que van desde el cobro de honorarios sin la debida contraprestación hasta la violación de la confidencialidad profesional, pasando por la omisión de irregularidades en el proceso de captura, presuntos conflictos de interés y el abandono injustificado de la defensa sin devolver los recursos recibidos.

El cobro de cinco mil millones de pesos

Uno de los ejes centrales de la queja es el tema económico. Murcia Guzmán sostiene que el abogado aceptó asumir su defensa penal previo pago anticipado de honorarios por la suma aproximada de cinco mil millones de pesos, cifra que se le pagó en efectivo por parte de su equipo de trabajo.

La queja detalla que, más allá del monto inicial, existieron cobros adicionales. En la primera audiencia del juicio, cuando la Fiscalía exhibió un audio donde dos empleados de Murcia Guzmán coordinaban la entrega de 760 millones de pesos para el abogado De la Espriella, suma que según el abogado era para una estrategia de "lobby" en el Congreso porque se tramitaba una ley que haría ilegal el transporte terrestre de dinero, circunstancia que perjudicaría el caso. Ante la divulgación pública de ese audio, De la Espriella tomó la decisión de renunciar.

Según el texto de la queja, el defensor de manera abrupta, irresponsable y mediática renunció públicamente a la defensa, afirmando haber sido "engañado" por su cliente, sin agotar los deberes mínimos de lealtad, reserva profesional y diligencia, sin devolver los honorarios pagados, sin rendir cuentas, ni ofrecer explicación jurídica alguna, dejando a su representado en absoluta indefensión.

La irregularidad en la captura: el argumento más grave

Quizá el señalamiento más contundente en términos jurídicos es el relacionado con las circunstancias de la captura de Murcia Guzmán en 2008. La abogada Macollins señaló que el abogado no dejó constancia de las irregularidades en la captura, como por ejemplo que nunca denunció en la audiencia de legalización que Murcia Guzmán había sido detenido en Panamá y no en Cartagena como afirmaban las autoridades, y que la fecha de su captura fue alterada.

El propio Murcia Guzmán lo describe con precisión en el documento de la queja: el 19 de noviembre de 2008 fue capturado en la ciudad de Panamá por autoridades colombianas, y trasladado a Colombia al día siguiente, siendo puesto a disposición de las autoridades el 20 de noviembre de 2008, fecha en la cual se hizo aparecer formalmente su captura como si hubiese ocurrido en territorio colombiano. Esta circunstancia constituyó una irregularidad grave, con posibles implicaciones en materia de legalidad de la captura, debido proceso, cooperación judicial internacional y soberanía, la cual nunca fue alegada, cuestionada ni controvertida por su abogado defensor.

Este cargo es especialmente relevante porque, si hubiera sido debidamente alegado en su momento, podría haber abierto la puerta a discutir la legalidad de todo el proceso y la validez de la captura como elemento fundacional del caso penal.

El presunto conflicto de interés: el padre notario y la cercanía con Uribe

Otro de los cargos apunta directamente a la independencia profesional que debe tener todo abogado respecto a su cliente. La denuncia señala que existía una contraposición de intereses entre la defensa y quien estaba detrás del proceso, que era en su momento el presidente Álvaro Uribe Vélez. El padre del abogado, Abelardo de la Espriella Juris, estaba aspirando a una notaría en la ciudad de Bogotá, hecho que se concretó después de la captura de David Murcia Guzmán.

El documento de la queja precisa que el 16 de marzo de 2009, el padre del abogado denunciado fue nombrado notario público por el Gobierno Nacional, circunstancia que, al menos, plantea un serio cuestionamiento ético sobre la independencia, lealtad y buena fe que debieron regir la defensa encomendada.

En versiones previas recopiladas desde la cárcel La Picota, Murcia Guzmán había afirmado que De la Espriella no solo lo traicionó, sino que habría colaborado activamente con las autoridades para asegurar su condena, sugiriendo que estas acciones formaban parte de un plan premeditado e insinuando que existirían pruebas que demostrarían la complicidad de su exabogado con los entes investigadores.

Violación de la confidencialidad y exposición mediática

La queja también aborda el comportamiento público de De la Espriella una vez se retiró del caso. El abogado realizó declaraciones públicas en medios de comunicación que afectaron la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia de su representado, rompiendo de manera flagrante el deber de confidencialidad, incluso después de renunciar a la defensa, poniendo con ello una carga extra sobre la defensa que pesó en el resultado final de la condena.

La queja también señala que aunque la Fiscalía exhibió contabilidad cuestionada en las audiencias, fue el propio De la Espriella quien había sido el encargado, por lo que también cobró una gran suma en efectivo, del análisis contable con "filigrana jurídica" para la verificación de la contabilidad de la empresa con un equipo de contadores públicos forenses que él lideraba y estaban a su cargo, razón por la cual su argumento de no saber de las irregularidades contables resultaría contradictorio.

El perfil actual de Abelardo de la Espriella: el candidato que sacude la campaña

El momento en que esta denuncia se hace pública no es menor. De abogado penalista a fenómeno político, Abelardo de la Espriella escala en las encuestas con un discurso de dureza extrema. Se presenta como "un tigre que ruge en la selva de la historia sin temor", prometiendo mano firme contra el narcoterrorismo, reducción drástica del Estado y un programa social para atender a los más pobres.

Los sondeos de Invamer y del Centro Nacional de Consultoría efectuados en noviembre de 2025 lo ubicaron en el segundo lugar de la intención de voto con 18% y 14% respectivamente, cifras muy por encima de los aspirantes de la derecha tradicional. Algunos de los reparos a su figura política provienen de las sombras que arrastra de su pasado como abogado, siendo dos nombres los que concentran buena parte de las críticas: Alex Saab, señalado como operador financiero de Nicolás Maduro, y David Murcia Guzmán, creador de DMG.

El perfil de De la Espriella también ha generado fricciones dentro de la derecha colombiana. El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa señaló en referencia al caso DMG: "Quiero ver a alguien que haya trabajado por los pobres, no a alguien que haya sido abogado de personajes que tumbaron a cientos de miles de pobres".

Adicionalmente, el candidato acumula otro frente de controversia. En 2024, la Fundación para la Libertad de Prensa denunció acciones judiciales interpuestas por el candidato contra cinco periodistas que investigaban sus relaciones con Alex Saab y David Murcia Guzmán. Según información de la Fiscalía General de la Nación, entre 2008 y 2019 existían 109 casos en los que De la Espriella era denunciante por delitos de calumnia e injuria, algunos de los cuales fueron archivados por falta de sustento jurídico. En enero de 2026, la Flip volvió a pronunciarse cuando el equipo de campaña del candidato anunció acciones legales contra la columnista Ana Bejarano por un artículo que abordaba los vínculos entre De la Espriella y Alex Saab.

La abogada que denuncia también es candidata

Un elemento singular de este caso es que Sondra Macollins, quien lleva la queja en nombre de Murcia Guzmán, es ella misma candidata presidencial. Macollins fue contratada en octubre de 2025 por Murcia Guzmán para asumir su defensa, y tiene en su hoja de vida haber representado también al narcotraficante Carlos Lehder.

La abogada fue enfática en aclarar que, aunque es candidata a la presidencia, igual que De la Espriella, considera que la política no puede ser una excusa para pasar por encima de la ética y del derecho, que los derechos del cliente deben primar y que las acciones de un abogado deben mantener la ética, especialmente si ese abogado hoy pretende ser el defensor de toda una patria.

La respuesta de De la Espriella: todo es falso

Abelardo de la Espriella reaccionó con vehemencia ante los señalamientos. El candidato negó que se haya quedado con dinero de DMG y calificó esas versiones de "mito urbano", preguntando retóricamente qué abogado le maneja la plata a su cliente y atribuyendo esas versiones a "mucha película y mucha serie de televisión".

Al contrario, De la Espriella aseguró que la deuda fue en sentido inverso: el señor DMG le quedó debiendo dinero, aproximadamente 700 millones de pesos, y que eso ocurrió hace unos 18 años, existiendo un contrato que lo demuestra, y que todo lo que cobró como honorarios fue debidamente facturado con sus respectivos impuestos pagados.

En cuanto a su trayectoria, De la Espriella recalcó que en 22 años de ejercicio profesional no tiene ninguna sanción penal ni disciplinaria, lo que para él demuestra que actuó siempre conforme a derecho.

La reacción del mundo jurídico: ¿está prescrita la acción?

La queja no fue recibida sin cuestionamientos técnicos. Varios abogados y expertos señalaron que el caso podría estar prescrito dado que De la Espriella representó a Murcia Guzmán hace 18 años. El abogado penalista Iván Cancino fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente, señalando que todo lo narrado en la queja carece de sustento y que, además, está prescrito.

Más allá de la discusión sobre prescripción, la queja llega en un momento de particular sensibilidad política. La denuncia disciplinaria, sumada a los cuestionamientos previos sobre sus vínculos con Alex Saab, la presión de la Flip por el uso de acciones judiciales contra periodistas y los debates internos de la derecha sobre su idoneidad para representar esa corriente política, configuran un escenario complejo para la campaña de De la Espriella en un año electoral decisivo para Colombia.