Imputados desde la selva jefes guerrilleros se conectaron en camuflado para escuchar sus cargos en el Catatumbo

Por primera vez en la historia del país, tres altos jefes de un grupo armado ilegal activo se conectaron desde la selva a una audiencia judicial virtual para escuchar cómo la Fiscalía les imputaba cargos. Lo hicieron vistiendo sus prendas de guerra, con audífonos puestos, desde un lugar no confirmado en las montañas del Catatumbo, en Norte de Santander. El hecho no tiene precedentes en Colombia y abrió un debate que va mucho más allá del derecho penal.

¿Quiénes son los imputados?

Los tres comandantes son figuras clave de las disidencias de las Farc al mando del reconocido alias Calarcá:

Javier Alonso Velosa García, alias "Jhon Mechas", cabecilla del Bloque Magdalena Medio. Carlos Eduardo García Téllez, alias "Andrey Avendaño", jefe político del Frente 33. Farby Edison Parra Parra, alias "Richard", jefe financiero del mismo frente.

Los tres contrataron abogados de confianza para su defensa y, aunque estuvieron presentes en la audiencia virtual ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta, ninguno aceptó los cargos.

¿Qué crímenes les imputan?

La Fiscalía les atribuye haber ordenado a sus estructuras armadas tomar control territorial absoluto a través del uso de armas y el manejo de economías ilegales en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, en Norte de Santander. Esa estrategia desencadenó uno de los episodios de violencia más graves de los últimos años en el país.

Los números que dejó esa ofensiva son devastadores: 37 personas asesinadas, 31 menores de edad reclutados a la fuerza, más de 60 mil personas desplazadas solo en enero de 2025. En el balance total del conflicto entre las disidencias y el ELN en la región, la cifra asciende a 180 muertos, entre ellos cinco menores de edad, 17 miembros de la fuerza pública, 16 líderes sociales, siete firmantes del Acuerdo de Paz y ocho líderes comunitarios. También se registraron más de 3.000 víctimas adicionales de desplazamiento forzado y 51 de reclutamiento forzado.

Los delitos formalmente imputados son homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

La paradoja: imputados pero libres

Lo que hace este caso aún más desconcertante es que estos tres hombres, a pesar de los graves cargos que se les imputan, siguen libres en las montañas del Catatumbo. La razón: sus órdenes de captura están suspendidas mediante una resolución emitida por el Gobierno Petro en el marco de los acercamientos de paz con ese grupo. La Fiscalía actúa amparada en la Directiva 003 de 2025, que permite avanzar en procesos judiciales contra integrantes de grupos armados incluso con dichas órdenes suspendidas, siempre que sean notificados a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.

Hubo también un cuarto imputado que no apareció en la audiencia: Willington Henao Gutiérrez, alias "Mocho Olmedo", quien según la Fiscalía no pudo conectarse por fallas de señal. La ironía es notable: este hombre sí está detenido, en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá, y aun así no logró conectarse.

El debate que abre este hecho

Abogados penalistas consultados por medios nacionales coinciden en que este episodio no tiene antecedentes en Colombia. Las visiones son variadas. Unos señalan que el juez no debió avalar la diligencia dadas las condiciones: los imputados estaban en plena montaña, vestidos como combatientes, en un entorno que escapa por completo al control del sistema judicial. Otros consideran que se trata de una jugada política de las disidencias para reafirmar su dominio territorial y enviar un mensaje de poder al país entero.

El abogado penalista John Bedoya Rivera planteó la pregunta más incómoda: si estos comandantes se presentan voluntariamente ante la justicia es porque estratégicamente buscan modificar las condiciones de su confrontación con el Estado, no porque reconozcan su autoridad. El verdadero riesgo, advirtió, es que la justicia termine siendo utilizada como un simple instrumento táctico por los grupos armados.

Más órdenes de captura para el ELN

En la misma rueda de prensa en que se presentaron estas imputaciones, la Fiscalía informó que también logró órdenes de captura contra seis integrantes del ELN, tres de ellas dirigidas directamente contra los máximos jefes de esa guerrilla: Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito, del Comando Central. Otras tres apuntan a los jefes del frente de guerra Nororiental. Además, se emitieron 14 órdenes adicionales contra autores materiales de homicidios ocurridos durante la confrontación en el Catatumbo, seis de las cuales ya fueron materializadas con imputaciones por concierto para delinquir, terrorismo, porte ilegal de armas y homicidio.

El Catatumbo, una herida abierta

Más de tres meses después de que la crisis estalló, el Catatumbo sigue siendo una zona de guerra. La confrontación entre las disidencias de Calarcá y el ELN ha dejado una región devastada, comunidades desplazadas, niños reclutados y familias destruidas. La audiencia virtual, más allá de su valor jurídico, expone la complejidad de un conflicto donde el Estado intenta hacer valer su autoridad mientras negocia con los mismos actores que siguen matando. Colombia asiste, atónita, a un juicio sin celdas, sin esposas y sin rejas: solo una pantalla, un campamento en la selva y comandantes que escuchan sus cargos antes de volver a sus trincheras.