Juliana Guerrero burló a la justicia dos veces no fue a la audiencia pero sí a votar rector

El caso de Juliana Guerrero, la joven oriunda de Valledupar señalada de haber comprado su título de contadora pública para aspirar a un alto cargo en el Gobierno Petro, tuvo este martes 10 de marzo un nuevo capítulo lleno de escándalo e indignación pública. Por segunda vez, un juzgado aplazó la audiencia de imputación de cargos en su contra, en la que la Fiscalía pretendía formalizarle los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.

La audiencia estaba programada para las 9:00 de la mañana en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. Guerrero no se presentó. Horas antes de la diligencia, envió una carta a la Fiscalía solicitando su reprogramación, argumentando que, debido a la notoriedad pública del caso, no ha logrado concretar la contratación de un defensor que esté dispuesto a representarla en esta etapa del proceso.

En la misiva, la investigada aseguró que desea ejercer su derecho a la defensa con un abogado de su propia elección. Guerrero señaló que no tenía ningún interés en que se le designara un defensor público, sino que solicitó un término razonable para contratar un abogado idóneo que garantizara una defensa efectiva.

Lo que encendió aún más la controversia fue que, mientras enviaba esa carta, Guerrero sí tenía tiempo para actividades universitarias. El aplazamiento llamó más la atención porque, mientras solicitaba la reprogramación de la audiencia, Guerrero participó el día anterior en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, donde se adelantaba el proceso de elección del nuevo rector.

La situación dio pie para una dura reacción política. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza aseguró que la delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar habría jugado con la justicia al no aparecerse en la diligencia, pero sí estar presente en la elección de rector en la misma institución. Pedraza, recién elegida senadora, fue más lejos en su hilo de X: cuestionó si Guerrero habría vendido su voto a favor del próximo rector de la UPC, señaló que ya tiene abogado pagado con impuestos de los ciudadanos, y que pese a ello solicitó reprogramar la diligencia por segunda vez.

Pedraza también señaló que el poder de Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar proviene directamente del presidente Gustavo Petro, quien la definió como su delegada en el Consejo Superior de esa universidad pública, y cuestionó que entre más corrupción se le demuestra, más poder le entrega.

El caso tiene una base probatoria que la Fiscalía considera sólida. La fiscal delegada explicó que los documentos publicados en el Sigep, expedidos el 1 de julio de 2025, no cumplen con los requisitos legales: Guerrero no habría asistido a clases ni presentado pruebas Saber. Además, registros muestran que el 28 y 29 de julio de 2025 se efectuaron tres pagos a la Fundación San José por derechos de grado y matrículas, pese a que el diploma fue expedido el 1 de julio de ese año.

El otro golpe del día llegó desde el propio ente acusador. De manera sorpresiva, la Fiscalía confirmó que no iba a solicitar la detención domiciliaria contra Juliana Guerrero en el proceso penal que cursa en su contra por el título falso emitido por la Fundación Universitaria San José. La fiscal delegada informó que desistía de la solicitud de medida de aseguramiento al considerar que no se cumplían los presupuestos procesales a la fecha para solicitarla. Una decisión que agudizó el debate sobre si existe o no un trato preferencial hacia la investigada.

El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao deberá fijar una nueva fecha para la imputación, donde también será procesado Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación Universitaria San José. De comprobarse los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica, Guerrero y Gutiérrez podrían enfrentar condenas de 6 a 12 años de prisión.

El proceso sigue en suspenso. Lo que no está en suspenso es la indignación ciudadana ante una investigada que parece tener tiempo para todo menos para responder ante la justicia.