Comenzó el desmonte del Ministerio de la Igualdad, bloquearon la entrada a los empleados sin previo aviso

El Ministerio de la Igualdad llegó a su fin de la misma manera en que transcurrió buena parte de su existencia: en medio del desorden y sin comunicación oficial. La mañana del lunes 22 de junio, decenas de trabajadores del Ministerio de la Igualdad se encontraron con una escena inesperada: el acceso al edificio les fue restringido, lo que les impidió cumplir con sus labores habituales. La situación provocó desconcierto y dejó a los empleados a la intemperie, a la espera de una explicación formal.

De acuerdo con versiones internas, la restricción respondería a una presunta orden de la Secretaría General, aunque los funcionarios no recibieron información detallada sobre los motivos ni el alcance de la medida. Los afectados permanecieron en las afueras de la sede, intentando obtener claridad sobre su situación laboral y el futuro inmediato de sus funciones. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial que explique las razones de la restricción de ingreso ni los próximos pasos para el personal afectado.

El cierre sorpresivo no es un capricho administrativo: es la consecuencia lógica de una cadena de decisiones políticas y judiciales que sellaron la suerte del Ministerio antes de que terminara el gobierno Petro. El episodio ocurre en el contexto del inicio del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, una decisión obligada tras la ratificación del cierre de la entidad por parte de la Corte Constitucional. La sentencia fijó un plazo definitivo para el cierre, lo que llevó al Gobierno a activar los procedimientos administrativos necesarios para desmantelar el organismo.

La historia del Ministerio de la Igualdad es la historia de una promesa de campaña que no pudo sostenerse institucionalmente. La creación del Ministerio fue recibida inicialmente con apoyo mayoritario en el Congreso, como parte de las promesas de campaña de Gustavo Petro. Su objetivo central era reducir las brechas sociales en un país marcado por la desigualdad. Fue liderado en sus primeras etapas por la vicepresidenta Francia Márquez, símbolo del cambio que prometió el Pacto Histórico en 2022.

Sin embargo, los resultados no acompañaron la ambición. La percepción de inestabilidad, los cambios frecuentes en la dirección, la baja ejecución presupuestal y la ausencia de resultados concretos minaron la confianza de los legisladores. En los últimos meses, la crítica al Ministerio ganó peso en el Legislativo. El golpe de gracia llegó desde la Corte Constitucional, que tumbó la ley de creación por la ausencia de certificado de disponibilidad presupuestal.

El Ejecutivo intentó subsanar el obstáculo, pero no logró las mayorías necesarias a pesar del mensaje de urgencia con el que presentó de nuevo la iniciativa. La entidad dejó de existir oficialmente desde el 20 de junio, luego de que el Congreso se negara a aprobar el proyecto que le daría continuidad.

La liquidación de un ministerio implica la organización del cierre de operaciones, el cumplimiento de las obligaciones pendientes y la definición sobre el destino de contratos, bienes y personal. En el caso del Ministerio de la Igualdad, el impacto laboral es significativo: más de 600 empleados quedan en el limbo, sin certeza sobre sus contratos, sus liquidaciones ni la institucionalidad que asumirá —si es que alguna lo hace— los programas sociales que la cartera tenía a su cargo.

Lo ocurrido este lunes es el epílogo de una entidad que nació con el mandato de combatir la desigualdad y termina siendo un símbolo de la dificultad del gobierno Petro para traducir sus promesas en institucionalidad sostenible.