Colombia sin alerta clara: Defensoría exige comunicación urgente ante polvo del Sahara y frente frío

El organismo exigió a las autoridades fortalecer la información pública ante la llegada simultánea del polvo del Sahara y un nuevo frente frío que amenaza a varias regiones del país.

La Defensoría del Pueblo emitió este martes un llamado de atención sobre la insuficiente gestión de comunicación del riesgo en las regiones que podrían verse afectadas por la llegada simultánea de un nuevo frente frío y el polvo del Sahara. El organismo advirtió que, aunque se trata de fenómenos naturales, su coincidencia con las afectaciones recientes por lluvias en varios territorios del país incrementa la vulnerabilidad de las comunidades y profundiza los riesgos ya existentes.

Según la Defensoría, el polvo del Sahara —masa de aire cargada con partículas de arena y minerales provenientes del continente africano— suele impactar especialmente a departamentos como La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare. Este fenómeno genera deterioro en la calidad del aire y afecta principalmente a niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades respiratorias como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). A esto se suma el nuevo frente frío, que traería lluvias intensas, descenso de temperaturas y riesgo de deslizamientos e inundaciones.

“Estos eventos incrementan la vulnerabilidad de la población y profundizan los riesgos existentes; por lo que es clave una respuesta articulada, preventiva y basada en información clara y oportuna para la ciudadanía.”

— Defensoría del Pueblo de Colombia

Frente a este panorama, la entidad instó a todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres —en los niveles nacional, departamental y municipal— a fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos precisos y oportunos, y orientar a las comunidades sobre acciones concretas de prevención y cuidado. “La gestión adecuada del riesgo no es solo una obligación institucional, sino una condición fundamental para asegurar los derechos a la salud, a la vida digna y al acceso a información clara”, señaló la Defensoría en su comunicado oficial.